.jpg)
“Yo creo que ha habido un tema ahí de falta (también) de voluntad de las fiscalías, para no hablar de una en especial, porque para todo se amparan”
Humberto Armando Prieto
Herrera, presidente
de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana del Congreso de
Tamaulipas
.jpg)
Por Alejandro Echartea
Cd.
Victoria, Tam.-
El
próximo cinco de octubre se cumplirá el sexto aniversario de entrada en
funciones del Comité de Participación Ciudadana de Tamaulipas, el cual forma
parte importante del Sistema Estatal Anticorrupción sin que, a lo largo de su
existencia, este organismo haya realizado hallazgos importantes en el combate a
la corrupción u observado quebranto a la Hacienda pública estatal.
“Hay
que checar los datos pero si no ha habido resultados que ellos mismos nos
expliquen también”, apuntó el presidente de la Comisión de Anticorrupción del
Congreso local, Humberto Armando Prieto Herrera, “yo creo que ha habido un tema
ahí de falta (también) de voluntad de las fiscalías, para no hablar de una en
especial, porque para todo se amparan”, añadió.
El Comité
Estatal de Participación Ciudadana de Tamaulipas se encuentra conformado por
cinco consejeras y consejeros, cada uno elegido para un lapso de cinco años,
siendo al final de su período cuándo estos podrán presidir a dicho organismo
así como al Sistema Estatal Anticorrupción que se encuentra compuesto por
distintas instituciones.
.JPG)
La Historia del Sistema Estatal Anticorrupción
Fue
el 27 de mayo del 2015 cuando fue publicado en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) el decreto que sentó las bases en materia de combate a la
corrupción dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El 18
de julio de 2016 se expidió (por parte del Congreso de la Unión) la Ley General
del Sistema Nacional Anticorrupción la cual pretende estructurar el Sistema
estableciendo su composición, atribuciones, herramientas, objetivos,
funcionamiento y administración dando un plazo de un año a las entidades
federativas para cumplir con la adecuación de sus leyes locales en ese sentido.
Fue
el miércoles 31 de mayo de 2017 cuando dicha homologación fue efectuada en esta
entidad cuando la Legislatura LXIII, presidida por el panista Carlos Alberto
García González, aprobó por unanimidad la Ley del Sistema Estatal
Anticorrupción (SEA) la cual contemplaba la creación de una Comisión de
Selección del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas la cual elegiría a
los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana.
El 27
de septiembre de ese año fue elegida la primera alineación del CEPC compuesta
por Arturo Narro Villaseñor, Héctor Alejandro de Anda Cortez, Jorge Leoncio Ramírez
Sánchez, María Isabel Loperena de la Garza, y Rubén Benavides Treviño, los
cuales protestaron el jueves cinco de octubre del 2017 en el Palacio
Legislativo; además, en esos meses fue designado el primer titular de la
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Javier Castro Ormaechea, así
como a los titulares de los órganos internos de control de los organismos
autónomos.
El diez
de agosto de 2022 fue lanzada la convocatoria para la renovación de una vacante
dentro del CEPC, la cual debe realizarse anualmente, por lo que en el presente
mes debería de ser emitida una nueva convocatoria aunque cabe recordar que el
pasado 28 de enero fue designado José Antonio Medina Chávez como integrante
extraordinario del organismo, y quien actualmente ocupa el cargo de presidente de
este.
Por
su parte, el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción se halla
presidido por el titular del CEPC, Medina Chávez para el caso, así como lo integran los
titulares de la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas, del Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas (ITAIT), del Consejo de
la Judicatura, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Tamaulipas, del titular de la Auditoría Superior del Estado, y de la Contraloría
Gubernamental.
.JPG)
Más
de 500 MDP que no fueron observados por el SEA
Cabe
recordar que derivado del proceso de Entrega-Recepción de la nueva
administración estatal se generaron 52 carpetas de investigación en donde se
observaron más de 500 millones de pesos que no fueron comprobados por funcionarios
de primer nivel de la administración del panista Francisco Javier García Cabeza
de Vaca.
Solamente
en la (en ese entonces) Secretaría de Bienestar Social encabezada por la priista
Yahleel Abdala Carmona se tiene observado el 60 por ciento de esos 500 MDP,
además, se cuenta con averiguaciones en trámite ante la Fiscalía Anticorrupción
de Tamaulipas a titulares de diversas secretarías, así como al exmandatario
estatal, por diversas irregularidades o anomalías en el ejercicio de sus
funciones.
No
obstante la consejera Jurídica del Gobierno del Estado, Tania Gisela Contreras
López, ha denunciado en diversas ocasiones parálisis por parte de Raúl Ramírez
Castañeda, actual zar anticorrupción tamaulipeco, para darle trámite a esas 52
carpetas de investigación; cabe recordar que Ramírez Castañeda fue titular de
la Unidad de Inteligencia Financiera durante la administración cabecista lo que
supondría algún conflicto de interés.
Este
fiscal anticorrupción se encuentra actualmente denunciado por la UIF por
probable tráfico de influencias al darle empleo a familiares y asociados dentro
de la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas, quienes además no se encuentran
calificados para desempeñar dichas funciones, lo que a su vez supondría un caso
de tráfico de influencias y abuso de autoridad, considerados estos como delitos
de Corrupción.
Estos
temas no fueron representados en el último informe anual del CEPC el cual se
limitó a dar a conocer, entre otros temas frívolos agendas de foros de
consulta, propuestas al Legislativo, planes de estudio universitarios
(enfocados en el combate a la corrupción), y a la firma de convenios con organizaciones
como el Colegio de Contadores de Ciudad Victoria, el Colegio de Contadores
Públicos de Matamoros, el Colegio de Contadores Públicos del Sur de Tamaulipas,
el Colegio de Contadores Públicos de Cd. Mante, el Colegio de Psicólogos Cd.
Victoria, el Instituto Neolaredense de Contadores Públicos, el Colegio de
Abogados de Ciudad Victoria, CANIRAC Ciudad Victoria, y la Confederación
Patronal Coparmex Victoria.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario