La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
solicitó al Estado mexicano adopte las medidas necesarias
“para preservar la vida y la integridad” de las y los periodistas de la Revista
Contralínea, quienes se encuentran “en una situación de gravedad y urgencia,
puesto que su vida e integridad personal se encontrarían en un estado de riesgo
inminente”, dieron a conocer la presidenta de la Casa de los Derechos de
Periodistas (CDP), Judith Calderón Gómez y el presidente del Centro de
Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cdhapi), Maurilio Santiago
Reyes, organizaciones peticionarias ante el organismo regional.
La CDP y el CDHAPI, luego de contar con la
autorización del periodista Miguel Badillo Cruz, director de la publicación
semanal, conjuntaron esfuerzos para integrar el expediente jurídico y solicitar
medidas cautelares a la CIDH, acción realizada el día 10 de julio.
El 18 de julio de 2014 el pleno de la CIDH, integrado por
Tracy Robinsón (presidenta), Rose-Marie Belle Antoine (primera vicepresidenta),
Felipe González (segundo vicepresidente) y la comisionada Rosa María Ortíz, los
comisionados Paulo Vannuchi y James Cavallaro, aprobaron dicha solicitud
al Estado Mexicano, mientras que el 30 de julio, la secretaria Ejecutiva
Adjunta Elizabeth Abi-Mershed, notificó tanto al gobierno mexicano como a
los peticionarios.
Tras analizar “las alegaciones de hecho y de derecho
presentadas por los solicitantes, la Comisión considera que la información
presentada demuestra (…) que los miembros de la Revista Contralínea se
encuentran en una situación de gravedad y urgencia”.
Por ello, de acuerdo con el Artículo 25 del
Reglamento de la CIDH, la CIDH solicitó a México que adopte medidas
cautelares necesarias “para preservar la vida y la integridad de
los periodistas de la Revista Contralínea, además, concierte las medidas a
adoptarse con los beneficiarios y sus representantes e informe a la Comisión
sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos denunciados por
este grupo de periodistas y que dieron lugar a esta medida cautelar y así
evitar su repetición”, recordó el abogado experto el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos, Maurilio Santiago Reyes.
En tanto, el periodista y abogado, Víctor Ruiz Arrazola,
quien se desempeña como Ejecutivo de Protección de la Casa de los Derechos de
Periodistas, explicó que las comisionadas y comisionados estimaron que el
requisito de gravedad requerido para emitir una medida cautelar por la CIDH se
encuentra cumplido en el caso de la Revista Contralínea, al considerar la
presunción de amenazas y actos de violencia que atentarían contra la vida e
integridad personal del personal de esta publicación.
En el apartado 6 de la referida medida cautelar la CIDH
sostiene que la información aportada “sugiere que varios de los presuntos
hechos estarían orientados a obstaculizar el libre ejercicio de la profesión
periodística de los miembros de Contralínea, en vista de una serie de
reportajes e investigaciones sobre la presunta participación del sector público
y privado en la comisión de delitos relacionados con corrupción, abusos de
poder y violaciones de derechos humanos, entre otros”.
El organismo internacional de derechos humanos,
además, considera que en adición a las presuntas amenazas, “adquiere
particular relevancia los presuntos saqueos ocurridos recientemente en las
instalaciones de la Revista Contralínea, en los cuales se habría hurtado
información importante relacionada con el trabajo del medio de
comunicación”.
Las y los comisionados consideraron las características
específicas de este caso y el contexto general en el cual se presenta y
por ello estimaron “que se ha establecido prima facie que los derechos a la
vida e integridad personal de los miembros identificados de la Revista
Contralínea se encuentran en una situación de riesgo”.Al analizar el requisito
de urgencia, la CIDH considera que se encuentra cumplido, “en la medida de los
recientes presuntos hechos que habrían ocurrido en las instalaciones de
Contralinea y en el domicilio de su Director, los cuales se enmarcarían en los
presuntos antecedentes de violencia que habrían enfrentado sus miembros y que
sugieren que los presuntos perpetradores conocen sus domicilios.
“En tal sentido, la continuidad y proximidad de las
situaciones de riesgo en el presunto asunto determinarían la necesidad de una
protección inmediata. En este escenario, la Comisión toma nota, que según los
solicitantes, el Estado, presuntamente habría adoptado ciertas medidas para
proteger a los miembros de Contralínea.
“Sin embargo, la CIDH observa que, según la información
presentada y de conocimiento público, las medidas presuntamente adoptadas no
serían efectivas, en vista de que no se habría proporcionado un marco de
protección eficaz, tomando en consideración la naturaleza del trabajo de los
miembros de Contralínea, la visibilidad de los reportajes e investigaciones que
estarían realizando y los alegados antecedentes de violencia que habrían
enfrentado anteriormente. Adicionalmente, la Comisión observa que los
solicitantes han alegado que presuntamente no existiría un resultado sobre las
investigaciones realizadas, lo cual podría permitir o estimular la repetición
de los presuntos hechos sobre las investigaciones realizadas, lo cual podría
permitir o estimular la repetición de los presuntos hechos de violencia en el
futuro”.
La Casa de los Derechos de Periodistas y el Centro de
Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, consideran de suma importancia
resaltar que en cuanto al requisito de irreparabilidad, la Comisión
estima que se encuentra cumplido, “en la medida que la posible afectación al
derecho a la vida e integridad constituye la máxima situación de
irreparabilidad”.
El gobierno de México, a partir del día 30 de julio tiene 15
días para informar sobre la adopción de las medidas cautelares acordadas
y actualizar dicha información en forma periódica.
Sin embargo, en vista de que estas medidas cautelares
han sido otorgadas sin haber solicitado previamente información al Estado, “la
comisión revisará está decisión después de haber recibido los primeros informes
de ambas partes”.
FEADLE y Mecanismo Federal con acciones ineficaces ante
agravios a periodistas de Contralínea .
La CIDH consideró que a pesar de que periodistas y
directivos de Contralínea denunciaron “todos los hechos ante la Fiscalía
Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de
Expresión”, la averiguación previa por los ataques sistemáticos a Contralínea (…)
“no ha tenido resultado alguno.
“Al respecto, los solicitantes sostienen que FEADLE no
habría mostrado la eficacia necesaria para que los supuestos agravios y
crímenes se investiguen a fondo, y se ponga a disposición de la autoridad
judicial competente a los presuntos responsables. En este sentido, los
solicitantes subrayan que la impunidad exacerbaría el clima de agresividad en
contra de periodistas de Contralínea”.
Sobre el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la CIDH, presume que no habría efectuado “una evaluación de riesgos revisada y autorizada por su junta” –hasta antes del 18 de julio de 2014—a favor de los beneficiarios. Asimismo, “los solicitantes afirman que se habrían dictado algunas medidas urgentes, pero que no se aplicaron adecuadamente” para proteger a los propuestos beneficiarios. Por ejemplo, sostienen que: i) cuatro cámaras de video que se habrían instalado en las instalaciones de Contralínea habrían funcionado “hasta el mes de abril pasado”; y ii) la “vigilancia policiaca” no habría sido eficiente, en vista de los presuntos hechos ocurridos el 24 de junio de 2014.
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