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El exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca podría estar incurriendo
en este delito al hacer uso ilegítimo de firmas y sellos notariales para
tramitar una carta de residencia en la ciudad de Reynosa; dicho documento serviría
para su registro como candidato a diputado federal
Por
Alejandro Echartea
Cd. Victoria,
Tamaulipas.-
El
exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca podría ser investigado por
la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas al trascender el uso
ilegítimo de firmas y sellos notariales para la tramitación de una carta de
residencia en el Municipio de Reynosa, informó la consejera jurídica del
Gobierno del Estado, Tania Gisela Contreras López.
El notario está desconociendo que ese poder con el que él pretendió realizar un trámite ante el Ayuntamiento de Reynosa, es falso, en consecuencia se hará la vista correspondiente por parte de la Dirección de Notarías para que la Fiscalía proceda en términos de ley.
Los
hechos ocurrieron el pasado quince de enero cuando la apoderada legal del
exmandatario, Claudia Margarita Rodríguez Martínez, acudió hasta la Presidencia
Municipal reynosense con carta poder en mano para solicitar la carta de
residencia en nombre de su representado.
Estamos ante presuntos actos o hechos delictivos y tendrá que
acreditar él si es que se presentó y la manera en la que obtuvo este poder que
el notario está desconociendo.
Esto
en medio del proceso electoral 2023-2024 en el cual el panista busca contender
como diputado federal por la vía plurinominal para lo que requería del
documento para poder registrar sus aspiraciones ante el Partido Acción
Nacional. García Cabeza de Vaca se encuentra fuera del país desde septiembre
del 2022, el cual abandonó su cargo como gobernador constitucional semana antes
de concluir su período al existir investigaciones y una orden de aprehensión en
su contra que aún hoy sigue vigente.
El
Código Penal de Tamaulipas en sus artículos 250 y 251 establecen el delito de falsificación
de documentos públicos o privados y establece penas que van de los seis
meses a los cinco años de cárcel, y multa de cien a doscientas unidades de
medida y actualización (UMAS), que van de diez mil 374 a veinte mil 748 pesos
actuales.
Quien está realizando el trámite es el exgobernador y
autoriza a una persona a que realice las diligencias y trámites administrativos
correspondientes, entonces la Fiscalía tendrá que llamar a quienes están
involucrados en este documento para que expliquen cómo es que obtuvieron la
firma de un notario, incluso papelería de un notario público.
Será
la Dirección General de Notarías la que llevará a cabo las denuncias
correspondientes ante la Fiscalía General de Justicia estatal.
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