Por
Alejandro Echartea
Cd. Victoria, Tamaulipas.-
Mediante
un esquema fraudulento coordinado entre la pasada administración estatal y la
Rectoría universitaria fueron sustraídos 180 millones de pesos de las
asignaciones federales y estatales a la Universidad Autónoma de Tamaulipas por
lo que ya se cuenta con una denuncia penal, informó el abogado general de la
UAT, José Carlos Mora García.
«A consecuencia de este proceso de Entrega-Recepción se han
encontrado una serie de inconsistencias particularmente delicadas y graves que
afectan el patrimonio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en un orden
aproximadamente de 180 millones de pesos».
Este
esquema involucra una propiedad valuada en, aproximadamente, 16 millones de pesos
pero que mediante el esquema fraudulento se reportó con un sobreprecio de 1,025
por ciento, es decir, 180 millones de pesos.
«El mecanismo consistió en que se simuló que una parte
importante de los recursos que no fueron entregados a la Universidad se iban a
consumar a través de un contrato de dación en pago (…); el contrato de dación
en pago consiste en que el acreedor del recurso puede recibir como pago un
bien distinto del recurso económico que le corresponde para el ejercicio de sus
funciones».
Dicha
operación, ilegal entre entidades públicas, no fue vista ni observada por la
Auditoría Superior del Estado entre 2016 y 2022, lapso que corresponde a la
gestión del exmandatario estatal emanado del Partido Acción Nacional.
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El
exrector cabecista, Mendoza Cavazos, fue elegido para el período 2022-2025 el
cual renunció debido a causas personales a finales del pasado mes de noviembre,
sin embargo, extraoficialmente trascendieron irregularidades en la
administración al interior de la Máxima Casa de Estudios lo que le habría obligado
a adelantar su salida de esa institución.
Mora
García, en rueda de prensa, señaló que el contrato con el que se malversaran
los 180 MDP representaría el delito de Peculado por lo que ya fue interpuesta
una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado la cual se
viene a sumar a las 62 denuncias que el Gobierno del Estado ya presentó tras
desmenuzar el proceso de Entrega-Recepción con la administración anterior.
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Dichas
carpetas se investigación se hallan atoradas en la Fiscalía Especializada
en Combate a la Corrupción la cual es encabezada por el fiscal cabecista Raúl
Ramírez Castañeda, mientras que el exauditor superior Jorge Espino Ascanio,
también persona de confianza de Cabeza de Vaca, busca prolongar su permanencia
en la ASE un año más para revisar las cuentas públicas del último año de
la administración del exgobernador imputado.
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