Este organismo civil, integrado por periodistas y abogados, considera de urgente necesidad que la FEADLE atraiga el caso, ya que la Procuraduría de Justicia del Estado de Veracruz en otros casos de desaparición de periodistas, se ha mostrado omisa y en muchos casos sus actuaciones han sido deficientes como ocurrió en las investigaciones por los homicidios de la corresponsal de la Revista Proceso, Regina Martínez y de Gregorio Jiménez de la Cruz.
La decena de periodistas asesinados durante los últimos años, así como los casos de desaparecidos y los múltiples agravios que enfrentan periodistas en esa entidad, son la evidencia de que la seguridad e integridad física de periodistas y de toda personas que ejerce su libertad de expresión no se encuentran dentro de las prioridades de las autoridades estatales.
Además, la Casa de los Derechos de Periodistas A.C. hace un llamado a organismos internacionales defensores de derechos humanos y en particular de la libertad de expresión a que emprendan acciones para pedir al Estado mexicano cumpla con sus compromisos internacionales para garantizar la seguridad de periodistas,
El secuestro del periodista Moisés Sánchez Cereso en el municipio de Medellín de Bravo, en el estado de Veracruz, es una nueva afrenta a los derechos de periodistas en México, cuyo ejercicio debe ser garantizado por el Estado mexicano, de acuerdo a lo establecido en el Artículo Sexto de la Constitución Política Federal, cuando dice que el Derecho a la Información será garantizado por el Estado.
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