Cd. Victoria, Tamaulipas.-
El proceso electoral judicial marcha ‘viento
en popa’ y sin posibilidades de ser cancelado consideró el vocal presidente
del Instituto Electoral de Tamaulipas, Juan José Guadalupe Ramos Charre,
y señaló que en cada uno de los 147 puestos a elegirse deberá de seguirse la
regla de ‘Mayoría Simple’ con lo que cualquier votación por mínima que
sea hará válida esa elección.
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«Y la diferencia en tal caso entre el primero y el segundo lugar debe ser un voto solamente, de tal suerte que no hay un porcentaje» |
Cabe recordar que, en México, en el
caso de las consultas populares y proceso de revocación de mandato
se requiere de una participación ciudadana de al menos el 40 por ciento del Listado
Nominal de Electores para que su resultado sea vinculatorio, es decir, para
que estas tengan validez oficial.
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«Y la diferencia en tal caso entre el
primero y el segundo lugar debe ser un voto solamente, de tal suerte que no hay
un porcentaje; si vota el 20 por ciento, el 30 por ciento, 40 por ciento del
Listado Nominal, esas personas las que obtengan la mayor cantidad de votos con
eso se obtiene el triunfo».
Ramos Charre recordó que en los meses
pasados fueron resueltos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación diversos recursos de amparo o para la nulidad del proceso
electoral judicial en donde esta instancia, la máxima y última en temas
electorales, resolvió hacer válidas las reformas aprobadas por el Senado de
la República y las legislaturas locales.
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En el caso de Tamaulipas será éste el
primero de los 32 estados donde habrá de renovarse el cien por ciento de cargos
judiciales este año, «en materia electoral la consecución de las actividades
y las etapas se apegan al principio de definitividad y no hay manera alguna de
que con un amparo se pueda frenar el desarrollo de una elección como tal».
Será en las próximas semanas cuando el Consejo
General del IETAM definirá los topes de gasto de campaña de las y
los candidatos a cargos judiciales, estos serán fiscalizados por las
autoridades electorales aunque sin derecho a prerrogativas o a comprar tiempos
en radio y televisión para su promoción.
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La difusión de las candidaturas recaerá en
cada uno de los aspirantes a ocupar dichos cargos judiciales vacantes, «ojalá
que esta elección despierte y sobre todo las candidaturas sean capaces de
despertar también el interés del ciudadano, y acudan masivamente a votar».
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