Cd. Victoria, Tamaulipas.-
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asta la mañana de este miércoles 22
aspirantes a cargos de elección en el Poder Judicial de Tamaulipas han
retirado su candidatura, dichas renuncias no habrán de ser sustituidas informó
el consejero presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, Juan
José Guadalupe Ramos Charre, no obstante en las próximas semanas y meses
pueden presentarse nuevas dimisiones.
«No procederán a realizarse las sustituciones correspondientes, (disminuye) a 330 de hecho vamos a dar cuenta de un informe al día de ayer sobre las declinaciones que se han recibido; son 22 hasta este momento, 18 de carácter total y 4 parciales justo».
Hasta el pasado 4 de marzo se habían
presentado 10 declinaciones por distintos motivos, entre el miércoles 5 y este
26 de marzo se acumularon 12 más las cuales, en un momento, fueron notificadas
al Congreso de Tamaulipas para que éste llevase a cabo el proceso para
la sustitución de las vacantes, «el Congreso del Estado nos informó que no
procederá la sustitución de algunas candidaturas, no habrá sustitución de
candidaturas».
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Es decir, este domingo 30 de marzo habrá de
arrancar con 330 candidatas y candidatos a magistradas, ministros y juezas y
jueces para disputar los 147 cargos a renovarse dentro del PJET; la fase
de campañas concluye el miércoles 28 de mayo mientras que la jornada electoral
será el primero de junio.
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Por otro lado, Ramos Charre recordó
que una particularidad de este proceso extraordinario es que no habrá veda
electoral como en elecciones ordinarias para gobernador, diputados y
ayuntamientos en el ámbito local. Sin embargo, el IETAM sí habrá de
vigilar que tanto partidos políticos como autoridades o actores políticos
interfieran en el desarrollo de las campañas.
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«Es un tema que ya hemos pronunciado, la
ley no establece una limitación de propaganda pública o gubernamental durante
la etapa de campaña como sí lo refiere en otros procesos electorales. El hecho
de que no exista una prohibición para la difusión de propaganda gubernamental
no significa que la propaganda gubernamental propiamente dicha carezca de una reglamentación».
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Es decir, todo actor político, autoridad o
representante partidista deberá abstenerse de intervenir en el proceso ya sea a
favor o en contra de tal o cual candidata o candidato, «es un acto prohibido
para las y los servidores públicos el apoyar de manera abierta o emitir
expresiones en contra de las personas que son candidatas, no pueden incidir de
modo alguno en el desarrollo del proceso electoral».
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