En el Partido del Trabajo consideramos que el desarrollo económico de México está diseñado en función de la nueva modalidad de acumulación de la riqueza, donde los propietarios de los monopolios y oligopolios determinan las acciones y programas del Estado; donde, un estado capitalista, antipatriota, orienta estratégicamente sus acciones para beneficiar los intereses privados nacionales y trasnacionales, y no precisamente para resolver los problemas del conjunto de la sociedad.
En ese marco se inscribe la contra reforma constitucional energética de 20 de diciembre de 2013, y la expedición, este año, de las leyes secundarias en esa materia.
Al abrir la posibilidad de que una parte de la producción y de las ganancias de la extracción y comercialización de los hidrocarburos, así como al establecer la inminente privatización de la industria eléctrica mexicana, el Estado Mexicano, vulnera el derecho fundamental del pueblo a preservar la propiedad nacional sobre las riquezas y recursos naturales del país, y socava el derecho popular de libre determinación sobre los bienes necesarios para la subsistencia del país, al ponerlos al servicio de intereses ajenos a la patria.
La CFE también ha sido una de las empresas más importantes no solo de México, sino a nivel mundial, y da cobertura a regiones del país en las que para las empresas privadas no sería redituable.
Es decir, con la crónica de una privatización anunciada, se deduce que la contra reforma en materia de energía, también pone en riesgo la prestación continua y adecuada del servicio público de electricidad.
Ahora, en su IV informe, tras sumarse, el gobierno del Estado, al despojo nacional de los bienes y recursos naturales nos dice usted que, esa Secretaria preside el Comité de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión.
En ese contexto, su informe añade que, el objeto de ese Comité es impulsar una mayor articulación con PEMEX y con la CFE, "en aspectos de exploración, explotación y producción, a través de coinversiones, alianzas estratégicas, articulación productiva y desarrollo de proveedores".
Ahora bien, el hecho de diferir totalmente de la desviación de poder que implica la reforma constitucional en materia de energía, no me impide señalar que, de lo irregularmente previsto en los preceptos constitucionales de la reforma energética, ninguno faculta expresamente al gobierno del estado para realizar las acciones que esa Secretaria afirma estar realizando en ese rubro, como veremos enseguida.
Por una parte, el artículo 25 constitucional entiende la competitividad como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo, y que la rectoría del desarrollo nacional debe garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático, y que, mediante la competitividad y una más justa distribución de la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege la Constitución.
Pero el hecho es que, concretamente, el llevar a cabo la planeación, conducción, coordinación y orientación de la actividad económica nacional mediante la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general, corresponde al Estado Mexicano y no a las entidades federativas.
También se advierte, que ni las asignaciones ni los contratos a que el texto supremo se refiere confieren la posibilidad de que el gobierno estatal celebre esos contratos o reciba tales asignaciones en materia de exploración y extracción de hidrocarburos.
De ahí que, únicamente las empresas productivas del Estado (en este caso PEMEX) seria asignataria o contratista en esas actividades, y únicamente particulares podrían contratar con PEMEX en esas actividades, dado el diseño normativo impuesto a los mexicanos; salvo, por supuesto, que en su momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos revierta la inconvencional reforma energética.
No obstante, en su informe, esa Secretaria habla que se está impulsando una mayor articulación con PEMEX y con la CFE en aspectos de "exploración" y "extracción" a través de "coinversiones", "alianzas estratégicas", "articulación productiva" y "desarrollo de proveedores", lo cual resulta inconstitucional y antinómico, aun en el marco supuestamente lógico de la inconvencional, y violatoria de derechos humanos, reforma energética.
El ya recurrente problema de la apertura de la economía nacional al sector privado, cual si fuera la varita mágica del desarrollo nacional, es que (con independencia de su invalidez y contravención a los derechos humanos de contenido económico, social y cultural), en México, hasta ahora, todas las privatizaciones han sido consumados actos de corrupción gubernamental, en las que, muy frecuentemente, se beneficiaron políticos, sus familiares o amigos, sobre todo en el llamado "año de Hidalgo".
Creo que el pueblo de México ya está cansado de las llamadas "casas blancas", "puntas diamante", "Pemex-Gates", "Monex", fideicomisos secretos y otras formas corruptivas de manejo de los dineros públicos, bienes o riquezas nacionales, en la medida que esas medidas tienden a enriquecer a malos servidores públicos que se asocian con terceros, para aparentar licitud, en sus ilícitos negocios al amparo del poder.
La "coinversion", cuyo concepto no aclara en su informe, implica la conjunción de diversas inversiones, aunque esa Secretaría no precisa si dicha figura seria pública-privada, nacional o extranjera o solo nacional, o bien de inversión conjunta entre el gobierno de Tamaulipas y PEMEX, o con la CFE.
Pero, como hemos dicho, ni constitucional ni fácticamente podría llevar a efecto el estado de Tamaulipas, ni impulsar coinversión alguna a través de algún arreglo "institucional" con dichas empresas productivas, ni siquiera mediante algún resquicio legal hábilmente ideado por (intermediación) del gobierno estatal para posibilitar la migración de la asignación de la empresa productiva del estado mexicano a contratos con particulares, pues, se insiste, según la Constitución federal, esa relación --aunque completamente nociva e inconvencional--, solo puede darse mediante la contratación directa de PEMEX, o la CFE, con particulares, en actividades relativas a exploración y extracción de hidrocarburos.
La pregunta es, ¿de dónde obtendría el gobierno de Tamaulipas recursos para la coinversión, si a duras penas tiene para lo más elemental?
Recuérdese, también, que casi no hay obra pública, porque el estado no cuenta con suficientes recursos o los aplica a pagar megadeudas.
En el Partido del Trabajo no compartimos esa política económica que, en realidad, agravará las condiciones de desarrollo económico, social y cultural del pueblo, ante el riesgo evidente de que, al despojo de nuestras riquezas y recursos naturales por las trasnacionales, eventualmente se añadiría la corrupción característica de las instituciones públicas nacionales y estatales.
En todo caso, las acciones "transversales" que esa Secretaria habrá de trabajar en los siguientes años, según dice, para aprovechar las ventajas competitivas que supuestamente tiene el Estado en materia de energía, simplemente quedarían comprendidas en aspectos como el cumplimiento de las obligaciones fiscales por aquellas actividades que pretenda llevar a cabo en nuestro estado cualquier empresa foránea, así como en la expedición de normas para prevenir y sancionar la contaminación, o garantizar el uso eficiente de agua, y muchas otras más, previamente establecidas o de posible regulación legal.
Pero para ello no se requiere reforma energética, más aun si la contra reforma constitucional en esa materia podría ser revocada por decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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